Un juez ordenó ayer el ingreso en prisión de tres de las cuatro personas detenidas en Alicante el pasado martes -dos funcionarios de Tráfico y un gestor- por su implicación en un fraude en las altas, bajas o traspasos de vehículos en la Jefatura de Tráfico que podría alcanzar los 1.000 millones de pesetas. "La investigación sigue abierta y habrá más detenciones", afirmó el juez, que ha decretado el secreto del sumario.
Los supuestos miembros de esta red de falsificación de documentos y traspasos ilegales de vehículos fueron detenidos el martes por la Guardia Civil como consecuencia de una operación iniciada en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante el pasado diciembre. Fuentes de la investigación policial han asegurado que la red también ha cometido fraudes en otras jefaturas de Tráfico de España, y que los 1.000 millones corresponden únicamente al fraude descubierto en la provincia de Alicante, que afecta a unos 8.000 vehículos en el último año.Tras interrogar ayer a los detenidos, el juez imputó a tres de ellos un supuesto delito de cohecho y falsedad documental, y decretó su ingresó en prisión. Los dos funcionarios detenidos -una auxiliar y un ordenanza- eran supuestamente los encargados de la falsificación de la documentación de los vehículos que, más tarde, ponían a disposición de gestores vinculados a asesorías jurídicas. Estos últimos se dedicaban a conseguir los vehículos, la mayoría de importación y otros robados. El fraude se materializaba también mediante el cobro de ayudas procedentes del Plan Renove al dar de baja coches que en realidad no tenían la antigüedad estipulada, o simplemente no existían.
La Guardia Civil intensificó el cerco a la red hace un mes, cuando dejó la investigación en manos de agentes especializados en delitos fiscales, que lograron una serie de pruebas inculpatorias, como grabaciones telefónicas y de vídeo en las que aparecen los funcionarios recibiendo dinero en metálico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de abril de 2000