Cuatro de los promotores de la consulta social en favor de la abolición de la deuda externa, realizada el pasado 12 de marzo, en coincidencia con las elecciones generales, pasaron ayer por el juzgado de Instrucción número 6 de Sant Feliu de Llobregat. Los integrantes de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, entraron en el juzgado acusados de una presunta infracción de la ley electoral y salieron con la imputación desobediencia a la autoridad.
La de ayer fue la primera comparecencia judicial en Cataluña debido a las causas abiertas por diversas juntas electorales por la celebración de un referéndum cívico sobre la abolición de la deuda externa a los países del Tercer Mundo. Hasta la fecha, sólo había un precedente en Burgos y el juez decidió archivar el caso. El abogado de los imputados, Jaume Sens, mostró su sorpresa por el cambio en las acusaciones. Sens explicó que para que exista desobediencia a la autoridad, que puede ser considerada como falta o delito, debe haberse producido una orden expresa y personalizada y la desobediencia debe realizarse de forma reiterada. "Lo que no ocurrió en este caso", indicó el letrado.
Otros cuatro voluntarios de la plataforma ciudadana de Corbera y los promotores en la localidad de Castellví de Rosanes también pasarán hoy por el juzgado. El defensor de los integrantes de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa indicó que cuando acaben las declaraciones ante el juez reclamarán el sobreseimiento del caso, "porque", añadió," existen " elementos suficientes para ello".
Los imputados estuvieron apoyados por unas 40 personas que se concentraron ante el juzgado con una pancarta en la que se reclamaba la abolición de la deuda externa.
Los promotores de la campaña entregaron al juez medio centenar de autoinculpaciones en un hecho similar a los que se llevaron a cabo en los juicios contra insumisos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de mayo de 2000