Los celadores del Hospital General de Alicante (170 funcionarios) acordaron en una asamblea celebrada ayer pedir a la dirección del centro que elabore un protocolo para delimitar sus funciones. Los celadores consideran que con una normativa clara sobre sus responsabilidades se evitarían casos como el del pasado 26 de abril, cuando Rosa Jiménez denunció a dos funcionarios del servicio de urgencias por supuesta denegación de auxilio a su esposo, que se encontraba moribundo a 25 metros del centro. El paciente falleció tras ingresar en el mismo hospital.Un portavoz de una sección sindical señaló que en la reunión estuvieron presentes los dos funcionarios denunciados, "aunque no reclamaron un apoyo público del resto de sus compañeros", comentó. "En la asamblea dijeron que ellos [los denunciados] ya han dado su versión de los hechos la dirección del hospital, la misma que defenderán en el juzgado", añadió.
Las diligencias de la denuncia las instruye el juzgado número 6 de Alicante. El magistrado ha decretado el secreto del sumario y llamará a declarar, en calidad de imputados, a los dos funcionarios.
En la mencionada asamblea de los celadores, siempre según las referidas fuentes sindicales, este colectivo de funcionarios puso de manifiesto la ausencia, entodos los hospitales públicos de España, de una norma clara sobre cuáles son sus funciones y cómo deben actuar en casos como el denunciado por Rosa Jiménez. "Está claro que siempre se ha salido a atender a cualquier enfermo que lo ha necesitado, pero tampoco sabemos de manera clara si estos funcionarios [los celadores] por no ser personal cualificado han de avisar antes o no a un médico, por ejemplo", comentan las fuentes sindicales. "Son todos estos pormenores, los que creemos que han de quedar delimitados y regulados en un protocolo, y así se lo hemos pedido a la Administración", recalcaron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de mayo de 2000