En 1998, todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes, excepto el PDNI, firmaron el código de conducta política en relación con el transfugismo, conocido como Pacto contra el Transfugismo. Los partidos se comprometieron así a impedir la utilización de tránsfugas para constituir o mantener mayorías de gobierno en las administraciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa procedente de ellos y a desincentivarlos con medidas disuasorias económicas, reglamentarias y protolocarias. El pacto propugnaba también la creación de la figura de los no inscritos o la del concejal independiente, de modo que tuvieran que actuar de forma marginal, sin que pudieran beneficiarse de los recursos económicos o materiales puestos a disposición de los grupos políticos. Con esta iniciativa el pacto trataba de apurar las posibilidades legales de regulación de titularidad del cargo, ya que el Tribunal Constitucional, a través de sucesivas sentencias, fundamenta la doctrina de la representación política en el derecho de los ciudadanos a que sus representantes no puedan ser destituidos por una voluntad distinta a la del propio electorado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de mayo de 2000