La aparición de nuevos indicios de la financiación irregular de Unió Democràtica a través del Departamento de Trabajo plantea una vez más la cuestión del dinero de los partidos. La oposición pide explicaciones a los dirigentes de Unió, y Duran dice que seguirá trabajando con plena tranquilidad de conciencia. Unos y otros parecen impregnados de este tono de irrelevancia, como de puro trámite, que tiene todo lo que acontece en el Parlament, con lo que es fácil prever que por este lado no se aclarará gran cosa.Ahora le toca a Unió estar en el punto de mira. Antes lo estuvo Convergència con el caso Casinos o el PSOE (y el PSC de rebote) con Filesa, que, siendo el caso que más lejos ha llegado judicialmente, se cobró algunas víctimas, pero lo dejó casi todo por esclarecer. Sin embargo, es una cuestión clave para el funcionamiento democrático porque a través de ella se trenza el nudo de la corrupción: tanto por el uso irregular de fondos públicos como por la dependencia de los dirigentes políticos respecto de aquellas empresas que les ayudan a financiarse. La financiación de los partidos es fuente de corrupción y la corrupción es una de las causas del descrédito de la política. La corrupción ha destrozado la imagen de algunos de los más reputados políticos de los últimos años, con Kohl a la cabeza. Ante esta doble constatación, ¿por qué los partidos políticos no se ponen de acuerdo para resolver de una vez el problema de su financiación de modo público y transparente? Lo he preguntado a decenas de políticos y todos responden con evasivas, con lo cual he redoblado la pregunta: ¿tan grande es el negocio que os compensan sus consecuencias negativas? Y nunca he conseguido más que afirmaciones ambiguas, del tipo: "Algo habrá que hacer".
Algo, pero no se hace nada. Se repiten las mismas excusas: en 1975 era necesario crear partidos modernos para que la democracia pudiera funcionar. Naturalmente, había que financiarlos: primero fue el dinero extranjero, después empezó fluir dinero nacional y, en algunos casos, se establecieron vías de financiación a partir de algunos lugares del poder institucional. Pero el argumento de excepcionalidad sólo puede ser temporal. Hubiese podido servir para hacer borrón y cuenta nueva. Probablemente, se hubiese aceptado una cierta amnistía a partir de un pacto de transparencia, de una nueva regulación y de un uso verosímil de los recursos porque lo inaceptable es que los gastos de los partidos -especialmente en campaña- tengan unas dimensiones imposibles de asumir con el estricto cumplimiento de la legalidad. Nada de nada. Podía haber sido el último servicio de la generación de la transición, pero el PP -que se ha salvado varias veces por cuestiones formales de las acusaciones penales de financiación irregular- tenía la presa Filesa cogida y no quiso soltarla. Total, pasan los años y estamos donde antes: con el ciclo inacabable del rebrote de los indicios de financiación ilegal.
Casi siempre los palos son para los partidos o coaliciones que entran en fase de declive. Nadie se atrevió a soplar al PSOE de las mayorías absolutas. Cuando entró en la decadencia se acumularon los escándalos, muchos de ellos por hechos acontecidos en sus años de máximo esplendor. Convergència i Unió inicia el proceso siempre declinante de sustituir al líder incontestado. Son tiempos propios para que se remuevan las charcas que un bien tejido sistema de poder había convertido en invisibles. Ni siquiera el oasis catalán asegura protección en estas coyunturas. Del lado de la oposición poco tiene que temer la coalición gobernante: la falta de agresividad y el miedo a mover los parámetros de la normalidad es una característica estructural de la izquierda catalana. El enemigo está en casa. Tantos años de poder acumulan inevitablemente una larga lista de agraviados, y éstos son siempre los primeros en detectar cualquier síntoma de debilidad del grupo dirigente que les postergó o despreció. Convergència i Unió ha abierto el tiempo de la sucesión, y éstos son periodos de guerra entre aspirantes en los que vale casi todo.
Hay ya larga experiencia acumulada de crisis sucesorias en los partidos y coaliciones. Sin embargo, no queda otro remedio que concluir que la especie no asimila, porque todos acaban pasando por los mismas trances de autodestrucción. Es como un destino. Todos conocen los peligros porque los han visto en casa de los demás, y casi nunca pueden evitarlos. El PSOE dejó el poder con unos resultados envidiables después del desgaste acumulado. No pudo evitar que, puesto en la pendiente, la velocidad de caída se acelerara hasta el estallido del 12-M. Convergència i Unió está todavía mejor que el PSOE en 1996: puede plantearse la sucesión estando todavía en el poder. El trauma debería ser más leve, pero los primeros indicios confirman que una vez más se impondrá el destino. La repentina irrupción a la luz de los modos de financiación de Unió Democràtica, aparte de ser un episodio más de este secreto a voces que los partidos no quieren afrontar, es una clara señal de que Convergència i Unió tampoco escapará a las convulsiones de toda crisis de final de reinado. Como si hubiera un dios de la democracia que se encargara de forzar la renovación y el saneamiento interior de los partidos que los dirigentes políticos se niegan a afrontar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000