La Generalitat quiere que el Gobierno central sea la Administración que se haga cargo de la intervención que se debe llevar a cabo en un barrio de Sallent (Bages) que tiene problemas de hundimientos a causa de la presencia de una antigua mina de sal inundada en su subsuelo. Los vecinos de los barrios de la Estació y de la Rampinya, afectados por los hundimientos los primeros y por las medidas preventivas que ha impuesto la Generalitat limitando la construcción, los segundos, se manifestaron el domingo cortando la C-1411, el Eix del Llobregat, para reclamar que el Ayuntamiento y la Generalitat atiendan sus quejas.El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Pere Macias, aseguró ayer que próximamente se reunirá con la ministra de Innovación y Tecnología, Anna Birulés, para exponerle el problema y para pedirle que asigne en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida para construir nuevos pisos destinados a los vecinos de Sallent afectados por los hundimientos. En algunos edificios han aparecido en los últimos años importantes grietas, que las intervenciones de refuerzo y anillado de la estructura no han solucionado. Los técnicos y los políticos de la Generalitat consideran que en los pisos más afectados la solución más adecuada es el traslado.
Prolongación de programa
Macias explicó ayer, después de entregar las llaves de 48 pisos nuevos de Súria construidos por la Generalitat para suplir otras tantas viviendas afectadas por aluminosis, que "lo más importante es garantizar la seguridad de las personas". El consejero añadió que, en el caso de los edificios que se deben desalojar, la Generalitat propone aplicar las mismas medidas que con las viviendas aluminosas, pese a que el problema es muy distinto porque en un caso se debe a problemas de construcción y en el otro a problemas de hundimiento del terreno. "Ofrecemos una prolongación del programa de rehabilitación de barrios", dijo Macias.
Los problemas en la vieja mina Enrique se detectaron a mediados de los años cincuenta y quedó abandonada definitivamente a principios de los setenta, cuando la responsabilidad de la actividad minera era sólo de la Administración central. Por ello, Macias ha pedido al Ministerio de Innovación y Tecnología que asuma "todos los costes que estas medidas supondrán y que, lógicamente, deben pagar. Los ciudadanos no tiene ninguna culpa de que en su momento no se hiciesen las cosas bien".
El consejero Macias también explicó que la reclamación al Gobierno central se efectuará de forma paralela a la actuación de la Generalitat, que asumirá la actuación en el barrio para salvaguardar la vida de las personas, aunque después la inversión la deba asumir la Administración central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000