La ministra de Cultura, Pilar del Castillo, y su homólogo catalán, Jordi Vilajoana, decidieron ayer limar asperezas y dialogar sobre el futuro del Archivo de Salamanca. Durante una comida "muy fructífera", en la que trataron 29 temas, ambos acordaron instar al patronato del Archivo a poner en marcha la comisión técnica, cuyo informe, no vinculante, dirá qué destino deben tener los papeles de la guerra civil. El compromiso fue calificado como muy positivo por ambas partes.
El acuerdo alcanzado ayer por los responsables culturales del Gobierno central y la Generalitat parece el primer paso para que el diálogo se imponga finalmente al enfrentamiento en este áspero asunto, motivo de controversias repetidas durante los últimos años, desde que en 1996 la Junta Superior de Archivos (un consejo de sabios creado por Carmen Alborch) decidió conceder a la Generalitat el depósito (pero no la titularidad) de los documentos de la guerra civil que fueron confiscados en Cataluña por el franquismo al acabar la guerra. Sonrientes y satisfechos, la ministra Pilar del Castillo y el consejero Jordi Vilajoana comparecieron ante la prensa tras la comida que celebraron en el ministerio, y anunciaron que pedirán al patronato (el órgano que rige el Archivo Histórico Nacional de Salamanca) que en su próxima reunión ponga en marcha una comisión técnica que debe dictaminar sobre el posible regreso de los documentos reclamados por Cataluña.
Vilajoana dijo que la medida es muy positiva porque supone un "primer y claro avance hacia el diálogo", y concluyó: "Hace falta calma, porque con enfrentamientos no vamos a ningún lado". Por su parte, la ministra declaró que el acuerdo no supone "ni una marcha atrás ni lo contrario" respecto a las declaraciones hechas por el portavoz del Gobierno el pasado viernes. Pío Cabanillas dijo que el gabinete no se plantea la devolución del Archivo a Cataluña.
La afirmación llegó justo un día después de que el Parlamento catalán aprobara una proposición no de ley, presentada por el PSC, que emplazaba al Gobierno de la Generalitat a negociar con Madrid la vuelta de los 507 legajos solicitados por Cataluña.
Los documentos, relativos a partidos, logias, milicias y personalidades republicanas, sirvieron durante años como base para la represión franquista. El PP se ha mostrado siempre contrario a la disgregación del Archivo, siguiendo la frase que pronunció José María Aznar en abril de 1995: "El Archivo de Salamanca no puede ser nacional menos un poquito".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000