El Gobierno estudia el traslado a otras comunidades autónomas de parte de los inmigrantes ilegales subsaharianos que llegan a Canarias. Así lo manifestó ayer el jefe del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, tras entrevistarse con José María Aznar en La Moncloa. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, confirmó, tras la reunión, que dicha medida "se está estudiando por si es necesario aplicarla". El jefe del Gobierno central también se comprometió a atender la petición de Rodríguez de reforzar las fronteras en Canarias porque el control de la inmigración ilegal es ahora "insuficiente".
El encuentro entre José María Aznar y Román Rodríguez apenas duró una hora, ya que el presidente del Gobierno adelantó la cita en su agenda para poder acudir a Durango (Vizcaya) y visitar a la familia del concejal del PP Jesús María Pedrosa, asesinado la víspera por ETA.El problema de la inmigración irregular en Canarias centró la reunión, encuadrada en la habitual ronda de Aznar con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno canario situó en la oleada de inmigración, especialmente la subsahariana, el principal problema de las islas en estos momentos. Rodríguez precisó a Aznar que si en 1998 la entrada de inmigrantes ilegales en Canarias había sido de 400, en los primeros meses de este año ya había ascendido a 1.400, y recordó que el "aumento preocupante" de la llegada de inmigrantes ilegales a las islas coincide con el descenso en otras zonas, como Ceuta, Melilla y Andalucía.
Rodríguez afirmó, al finalizar la reunión con Aznar, que los servicios sociales de las islas están saturados y no pueden atender "dignamente" a los sin papeles que llegan a Canarias de forma masiva. Ya se han producido traslados a otras islas desde Lanzarote y Fuerteventura. "Podemos estar ya llegando al límite", señaló.
El jefe del Ejecutivo canario señaló que Aznar le respondió que el Gobierno está estudiando el posible traslado de algunos inmigrantes ilegales desde Canarias a otras comunidades autónomas. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, reconoció posteriomente ante los periodistas que esta posibilidad, que conllevaría un diálogo con las comunidades autónomas para hacer factible dicho traslado, está sobre la mesa.
La pasada semana, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, solicitaba la reducción de los trámites burocráticos para agilizar la acogida de inmigrantes en comunidades que, como la catalana, necesitan mano de obra extranjera.
El presidente canario también trasladó al jefe del Gobierno central su preocupación por la "insuficiencia" de medios personales y materiales para el control de la inmigración ilegal en las islas, al ser sus accesos mucho más vulnerables que las de la Península. Rodríguez precisó que el esfuerzo de las Fuerzas de Seguridad del Estado por controlar la inmigración ilegal en las islas estaba acarreando un abandono de la seguridad interna de Canarias. Aznar se comprometió a afrontar esta cuestión con el Ministerio del Interior, según señaló Rodríguez al término de la reunión.
La reforma de la Ley de Extranjería fue la tercera faceta del problema de la inmigración ilegal que ayer abordaron ambos mandatarios. El presidente canario precisó que la ley debe reformarse para que posibilite un "mejor control de la inmigración ilegal", en una línea bastante similar a la adelantada por el Gobierno: Dificultades para "judicializar" el régimen de visados, distinción clara entre la inmigración legal y la ilegal o combatir de manera más adecuada a las organizaciones mafiosas.
Rodríguez se opone a que la reforma de la ley afecte a los derechos de los inmigrantes y mostró su disposición a que Coalición Canaria (CC) y el PP se sienten para hablar con "sosiego, consenso y sin cheques en blanco" sobre dicha reforma.
Otro de los asuntos que debatieron Aznar y Rodríguez fue el del contencioso que enfrenta a la Administración central y a la autonómica en torno al modelo de gestión de la Televisión Autonómica de Canarias. Rodríguez manifestó que le había pedido a Aznar "su intermediación para intentar resolver algún contencioso que aún tenemos", y añadió que el jefe del Gobierno central le ha prometido "interesarse por el tema, informarse y mediar en el asunto".
"Me gustaría que las discrepancias que hubo en un momento determinado se discutieran en el ámbito político y no en el judicial", manifestó Rodríguez a preguntas de los periodistas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000