Jesús Gil y Gil admitió ayer en el juicio del caso Atlético que los contratos de patrocinio del Ayuntamiento de Marbella con su club "no se reconocieron para no pagarlos, porque no había dinero". El alcalde declaró ayer durante más de tres horas, en las que el fiscal anticorrupción puso en evidencia numerosas irregularidades en la gestión de estos contratos. Gil insistió en la legalidad del patrocinio de las temporadas 1991-92 y 1992-93, pero reconoció que pudo haber irregularidades "que en todo caso habrían perjudicado al Atlético".
En su declaración de ayer, Gil repitió en decenas de ocasiones las frases "no lo recuerdo", "no lo sé" o "pregúntele a mi hijo". Pero aparte de su amnesia, el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, basó su defensa en extenderse sobre las bondades de los contratos de patrocinio que el fiscal y la acusación popular sostienen que se falsearon en junio de 1993 para evitar la quiebra del club: "Fue una publicidad enorme, regalada, eso vale 10.000 millones de pesetas, y se pagó con siete años de retraso y sin intereses". Gil insistió en que los contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético en las temporadas 1991-92 y 1992-93 son auténticos, pero el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, puso en evidencia numerosas irregularidades: "No hubo expediente, ni aprobación en el Pleno, ni presupuesto extraordinario, ni se registraron los contratos, ni se reconoció la deuda". Gil en sus respuestas admitió que los contratos "no se hicieron reconocer para no pagarlos, porque no había dinero". "Esto será legal o ilegal, pero fue así", añadió. También confirmó que estas irregularidades le habían costado a su club una multa de Hacienda de 150 millones.
El presidente del Atlético explicó las razones por las que se presentó como candidato a la alcaldía de Marbella en 1991. Y justificó así que en la temporada 1990-91 los jugadores de su club llevaran el nombre de Marbella de manera gratuita. Gil añadió que, una vez que se hizo con la alcaldía, encargó al entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román que negociara con el vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, un contrato de patrocinio para la siguiente temporada, que se habría firmado el 14 de junio de 1991, según la defensa. Tanto Román, como Cerezo figuran entre los doce acusados. El fiscal preguntó por qué no se llevó el compromiso al libro de decretos, a lo que Gil contestó: "No lo conozco, no sé dónde está".
Según la acusación "en junio de 1993 el auditor del club descubrió que las perdidas acumuladas, de 1.417 millones de pesetas, colocaban el patrimonio neto del club por debajo del 50% de su capital social". Para el fiscal esto suponía el descenso directo a la Segunda división B. Gil, sin negar lo primero, dijo ayer que la conclusión era falsa: "Si se está debajo del 50%, te dan un año para hacer un plan de saneamiento". Según el fiscal Castresana lo que faltaba para evitar la quiebra del club eran 450 millones de pesetas, que fue lo que se suscribió entonces con dos contratos falsos de 225 millones cada uno correspondientes a las temporadas 1991-92 y 1992-93.
El fiscal también preguntó por el contrato firmado por Gil, en nombre de la empresa municipal Eventos 2000, en un papel sin membrete, con el Betis en agosto de 1992. Gil dijo ignorar que no tuviera poderes para poder contratar. También negó que el contrato con el Sevilla de julio de 1994, por dos temporadas y 120 millones, fuera parte del fichaje del jugador Simeone. Finalmente reconoció que la empresa Dorna le prestó el 30 de junio de 1992 los 1.300 millones con los que suscribió el 63% de las acciones del Atlético en el momento de constituirse en sociedad anónima. Y también admitió que devolvió el dinero a los dos días, "con un interés de dieciocho millones y pico".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000