La lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes a ambos lados del Estrecho recibió ayer un impulso notable con la decisión de los ministros del Interior de España y Marruecos de reforzar la cooperación policial entre ambos países. En esta materia, el Gobierno cuenta con el respaldo unánime del conjunto de las fuerzas políticas y de la sociedad. Desgraciadamente, esa unanimidad no se da respecto de otros aspectos muy importantes del fenómeno de la inmigración. De hecho, se está produciendo un doble mensaje, aparentemente contradictorio, que no ayuda a encauzar ese fenómeno y que, en cambio, causa perplejidad y confusión en la sociedad. El Gobierno, con su actitud beligerante frente a la Ley de Extranjería, induce a una actitud de recelo. Mientras tanto, los empresarios y muchos técnicos claman por la llegada de un mayor número de inmigrantes por razones económicas.Sectores productivos enteros, como la construcción, el metal y la hostelería, necesitan mano de obra inmigrante para mantener su ritmo de actividad. Incluso el sector puntero de la informática mira a la inmigración para no estancarse. El déficit de expertos en ese sector alcanzará los 100.000 en los próximos años, según indicó ayer el presidente de la CEOE, José María Cuevas. Pujol ha pedido al Gobierno que flexibilice la entrada de trabajadores extranjeros porque 23.000 empleos están pendientes de cubrir en Cataluña. También Chaves señala la necesidad de inmigrantes que tiene Andalucía, aunque pueda parecer contradictorio con sus cifras de paro, para ocupar puestos de trabajo en la agricultura. Esta necesidad "vital" del inmigrante para el desarrollo de la economía (y, más adelante, para mantener la tasa de actividad y las pensiones de los futuros jubilados) se compadece mal con el discurso gubernamental sobre sus posibles riesgos para la convivencia. Urge acabar con este doble y confuso mensaje.
El Gobierno reclama para sí, legítimamente, el control de los flujos migratorios y tilda, con razón, de demagógica e irresponsable una política de puertas abiertas de par en par. Pero ese control no puede traducirse en la acumulación de trabas burocráticas que, como afirma el presidente de la Generalitat, provoca que se "tarde ocho meses en dar un permiso de residencia de trabajo a un ciudadano polaco". La alternativa a una política de puertas abiertas, que casi nadie propugna, no es mantenerlas cerradas más allá de lo razonable y necesario, como sucede con el escaso cupo de 30.000 inmigrantes autorizados a entrar al año en España, insuficiente para atender las demandas de mano de obra.
Esta dualidad esquizofrénica de mensajes sobre la inmigración puede resultar preocupante si prende en la sociedad. No puede achacarse a la Ley de Extranjería -ni a ésta ni a otra- la presión migratoria ni las presuntas o reales dificultades para su control en las fronteras. No les falta razón a las asociaciones de inmigrantes, ni a la oposición, cuando atribuyen al Gobierno una intencionalidad partidista -justificar sus prisas para la reforma de la Ley de Extranjería- en la presentación de las cifras de inmigrantes llegados en pateras o de los rechazados en 1999 -casi un millón de intentos de entrada, y no de inmigrantes- en los puestos fronterizos. El Gobierno dispone de los instrumentos para controlar las fronteras. Está en sus manos rechazar y, llegado el caso, expulsar a los inmigrantes indocumentados. Los acuerdos de Tampere prevén la firma de convenios de readmisión entre los Quince y los países de origen de los inmigrantes detenidos en la frontera. Otra cosa es que esta política común europea encuentre dificultades en la práctica, como ha sucedido cuando España ha pedido a la UE un convenio de este tipo con Marruecos. En todo caso, España ha conseguido un logro importante en el plano estrictamente bilateral al convencer a Marruecos para que ambos países refuercen su cooperación policial contra el tráfico de inmigrantes.
Con vistas al nuevo debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería urge ese discurso coherente y complejo sobre la inmigración, que deje de considerarla como un problema amenazante en sí misma y que la contemple más bien como una contribución indispensable a la sociedad de nuestros días.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000