VIENE DE LA PÁGINA 1 La apertura del juicio oral supone uno de los capítulos finales en el conflicto surgido hace una década en los servicios deportivos de Bilbao. Esta prestación era hasta 1987 responsabilidad del IMD, organismo del consistorio, pero a partir de entonces se decidió adjudicarla a Guedan, fundada por dos empleados del Instituto de Deportes, que desde entonces gestiona la organización del deporte en la ciudad.
El conflicto se suscitó al trasvasarse trabajadores del IMD a Guedan, que poco después denunciaron su mala situación laboral -cobraban la mitad que sus compañeros en el Instituto de Deportes- y otras irregularidades, como trabajar sin contrato ni cotización a la Seguridad Social e incluso cobrando el paro. En 1991, 15 monitores fueron despedidos, lo que motivó la presentación de una denuncia judicial. Lograron ser readmitidos unos meses después tras una sentencia del Juzgado de lo Social que estimó que hubo "una cesión ilegal de mano de obra", lo que incumple el Estatuto de los Trabajadores.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao relanzó este caso en 1998 al imputar un "delito contra los derechos de los trabajadores" a los cuatro responsables del deporte municipal en la ciudad. Además de una fianza de 227 millones de pesetas cada uno, decretó la libertad provisional ante los cuatro meses de arresto solicitados por el fiscal y los cuatro años pedidos por la defensa de los monitores.
Acercamiento
Al suspenderse en diciembre pasado la vista oral, la juez instó a las dos partes a un acuerdo dada las características del litigio. En este tiempo ha habido un intento de acercamiento por la defensa de los acusados, que de manera informal ha ofrecido una indemnización de 1,5 millones para cada uno de los 15 monitores despedidos, según ha señalado un portavoz de los querellantes. "Nos parece una cantidad insuficiente. Durante 11 años se ha estado cobrando la mitad y el 50% del grupo está ahora sin trabajo". Los denunciantes exigen una indemnización de 15 millones de pesetas para cada uno, lo que supone un total de 225 millones, en lo que incluyen los daños morales por el conflicto.
La fianza inicial de 227 millones de pesetas para cada uno de los cuatro acusados se rebajó finalmente a 27 debido a una "transcripción errónea de las cantidades fijadas", según expuso la juez en su auto, lo que motivo las protestas de la defensa de los denunciantes.
En la sesión prevista para el próximo martes, si es que no surgen otros contratiempos que impidan su celebración, comparecerán además de los cuatro acusados un total de 30 testigos, entre ellos el actual director de Deportes de la Diputación de Vizcaya, Luis Solar, y los ex concejales de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, Joseba Inchaurraga y Marta Barco, respectivamente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2000