El enfrentamiento entre el pequeño comercio y el Gobierno del PP "es frontal". Así lo explicó ayer Pere Llorens, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), que agrupa a 600.000 comerciantes. Llorens anunció que, si como tiene previsto hoy, "el Gobierno amplía los horarios comerciales, se hará un cierre del comercio". Los Ejecutivos de Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Asturias se oponen a esta mayor apertura comercial, mientras que los de Navarra, Cantabria y Valencia han pedido un calendario para su implantación. La amenaza de posible movilización fue apoyada ayer por UGT y CCOO y por la patronal Copyme.El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un amplio paquete de medidas liberalizadoras en los sectores de energía, telecomunicaciones, libros y suelo entre los que se encuentra una mayor apertura del comercio los domingos
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Llorens explicó que el "Gobierno del PP ha engañado al pequeño y mediano comercio, ya que en su campaña electoral dijo que no se ampliarían los horarios comerciales". El presidente de esta patronal, integrada en Cepyme y en CEOE, tras señalar que "no perdonará este holocausto que el Gobierno quiere hacer con el sector", anunció una campaña en todos los escaparates para informar de esta "injusticia", que supone "legislar para tres empresas de grandes superficies y olvidarse de 600.000 pequeños comerciantes".
"No sé quién está presionando al Gobierno para tomar una medida que, según la actual Ley de Comercio de 1996, no debía tomarse hasta el 1 de enero de 2001, y de común acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías", recalcó Llorens, para quien la liberalización de horarios traerá una fuerte destrucción de empleo.
La Mesa Estatal del Comercio, en la que están representados UGT, CC OO y Copyme, se sumó a las propuestas de Llorens. El mediano comercio, es decir, los supermercados, representado en Asedas, no ha tomado la decisión de proponer el cierre de sus centros, aunque está en contra de la ampliación de horarios.
La actual Ley de Comercio, impulsada por CiU entre los años 1994 y 1995 y que entró en vigor en enero de 1996, fija la apertura mínima de ocho domingos al año en todas las comunidades autónomas. El Gobierno de Madrid lo amplió hasta 12 domingos y ahora está en 14. Todas las comunidades autónomas tienen la capacidad de ampliar la apertura de festivos, pero ninguna lo ha hecho por el debate social que siempre genera.
Ahora, el Ejecutivo quiere ampliar, utilizando un decreto-ley, las aperturas y duda entre 12, 16 o 20 domingos al año para los grandes y libertad total para los pequeños por entender que estas medidas pueden mejorar la inflación. No se descarta que se fijen 12 domingos como punto de partida y se amplíe la apertura de forma escalonada.
Pero no todo el sector del pequeño comercio está en contra de la ampliación de horarios. La Asociación Española de Centros Comerciales, que aglutina a 22.000 pequeños comerciantes que tienen tiendas en estos centros, pidieron que se liberalicen los horarios porque "no tiene sentido que se abran los locales de ocio los domingos y no se puedan abrir las tiendas".
El debate rebasa el ámbito del sector y los gobiernos autónomos van tomando posiciones, dependiendo de su tendencia política. La Generalitat de Cataluña, de CiU, considera que la actual legislación es la adecuada y se oponen a cualquier ampliación por pequeña que sea. El Gobierno vasco, de PNV y EA, denunció ayer la "nueva imposición" que supone la intención del Ejecutivo español. La viceconsejera de Comercio, Belén Greaves, sin embargo, afirmó que el Gobierno vasco y el sector comercial estarían dispuestos a flexibilizar el actual horario de apertura al público de lunes a sábado.
El Gobierno asturiano, del PSOE, mostró su "absoluto y enérgico" rechazo a la propuesta de ampliar horarios, por entender que cambiar la actual legislación "desestabilizaría el modelo de comercio regional". Baleares, también socialista, se mostró contraria, por entender que va contra el modelo de comercio urbano que es imprescindible para las ciudades. Andalucía y Extremadura, igualmente gobernadas por el partido socialista, también se oponen a la iniciativa del Gabinete del PP. Los Ejecutivos de Navarra, Valencia y Cantabria, del PP, quieren un plazo de adaptación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de junio de 2000