Los primeros meses de 1995 abrieron todavía más la brecha entre políticos y ciudadanos. Dos incidentes desconcertaron a la población ante la incompetencia demostrada por los poderes públicos en la gestión de la crisis del terremoto de Kobe, que causó 6.300 muertos, y en el ataque de una secta mesiánica con gas nervioso en el metro de la capital, en el que perecieron una docena de pasajeros.Desde entonces, los movimientos ciudadanos comenzaron con pequeñas acciones a hacerse notar en campos como la sanidad, en el debate sobre los organismos genéticamente modificados o en temas medioambientales.
Algunas de estas acciones son puramente testimoniales; otras tienen más resonancia pues logran reunir firmas para convocar un referéndum contra algún proyecto elaborado por las autoridades municipales o provinciales. Desde 1995 ha habido cerca de medio centenar de este tipo de consultas, cuyo resultado no tiene fuerza jurídica pero sí moral. Por ejemplo, en Kioto, el alcalde decidió a principios de este año frenar la construcción de un puente después de que un movimiento ciudadano de oposición lograse recoger 300.000 firmas de apoyo.
A veces son las propias autoridades locales quienes, motivadas por la frustración ciudadana, se anticipan a estos movimientos de protesta. Así lo ha hecho el polémico ultranacionalista gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, quien decidió imponer un impuesto provincial a los bancos, o su colega de Mie, que decidió suspender la construcción de una central nuclear en la provincia al sur de Tokio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de junio de 2000