Indignación sindical
El Ayuntamiento de Elche recibió ayer una comunicación judicial por la que se informó de que la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Carlos González Cepeda, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo plenario, alcanzado en enero, que marcaba el inicio del proceso para la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios del Consistorio. El portavoz del equipo de gobierno, el socialista Carlos González, manifestó su "sorpresa" por la noticia, ya que la Consejería no ha mantenido ningún tipo de contacto con los responsables municipales antes de acudir a los juzgados. "Normalmente, cuando surge algún tipo de problema, se establece un contacto entre ambas partes para intentar dirimir el posible enfrentamiento, sin necesidad de utilizar esta vía", señaló González.El acuerdo plenario, que gozó del visto bueno del PSPV, con mayoría absoluta en Elche, y de los cinco sindicatos representados en el Ayuntamiento, aprobó una revisión salarial de 1,5%, la subida del IPC y una referencia a la jornada laboral de 35 horas. "No se trata de un acuerdo de implantación", dijo González, quien consideró que el texto era sólo un "acuerdo de intenciones".
Los sindicatos acogieron el contencioso con indignación. El presidente de la sección de UGT en el Ayuntamiento, Jesús Hernández, afirmó que, pese a todo, los sindicatos continuarán luchando por conseguir las 35 horas. "Si ellos [por el Consell] entienden que no es viable, al menos deberían ser respetuosos con las decisiones que han tenido consenso", apuntó. Hernández considera el recurso "una pugna política, aunque no conozco ninguna medida aplicada con tanta contundencia". El principio de acuerdo señalaba las líneas de trabajo a seguir para que los funcionarios repartidos en cada área municipal garantizaran la prestación de los servicios que prestan con el mismo nivel de eficacia, sin que el ciudadano se vea perjudicado por la disminución de la jornada laboral. "En la Administración se trabaja en la línea de buscar una reducción de la jornada para crear más empleo", consideró el responsable sindical. Lo ideal, según UGT, es que el Gobierno se haga eco de las necesidades del país y trabaje en una ley que permita la aplicación paulatina de las 35 horas. En un tono más crítico, el secretario comarcal de UGT, Emilio Domenech, ironizó que el contencioso es "una prueba más" de la voluntad de Zaplana para reducir el empleo. "No se ha comprometido nunca en la reducción de la jornada ni del empleo, y no sabe hacer otra cosa que impugnar lo aprobado por un gobierno progresista", dijo.
Carlos González, que anunció que el Ayuntamiento se personará en la causa, afirmó que los modos de la Consejería no son "los normales", y los encuadró en el terreno de la pugna política.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de julio de 2000