El BOE publicó ayer una orden ministerial que fija un precio de referencia para 42 fármacos en sus diversas presentaciones. El sistema, completamente novedoso en España, comenzará a funcionar el 1 de diciembre, y aunque sus repercusiones para el usuario puedan ser mínimas a corto plazo, su alcance será de una dimensión creciente. En principio, abre el camino hacia un cambio radical en la forma de prescripción de medicamentos en un país en el que los médicos no recetan principios activos, sino marcas comerciales que el farmacéutico, salvo raras excepciones, no puede cambiar. Mientras en otros países la sanidad pública se ha beneficiado del uso de genéricos -fármacos que han perdido la patente y pueden venderse más baratos-, la legislación española mantenía una laguna que obligaba a seguir financiando medicamentos con marca de fantasía, por mucho que los precios se fijen con la autorización del Ministerio de Sanidad.
La medida, una vez garantizada la bioequivalencia del fármaco por la autoridad sanitaria, es razonable. Si acaso, puede lamentarse su timidez, como reconocen en privado los responsables sanitarios. Lo cierto es que el precio de referencia fijado es excesivamente alto y la sanidad pública ha renunciado a ahorrar aún más dinero estableciendo un precio igual al del fármaco más barato de cada grupo. La fórmula ideada ha marcado, además, una tendencia al alza a la hora de establecer sus precios los productores de genéricos, de manera que el ahorro no supera el 25%.
Quizá hubiera sido necesaria una voluntad política más decidida. En algunos países, los médicos prescriben sólo principios activos. ¿Por qué no haber empezado por ahí? La fórmula diseñada, en cambio, puede encontrarse con ciertos escollos legales que, como ya advirtió la industria farmacéutica, pueden dificultar el desarrollo del proyecto. No obstante, es un paso sin precedentes. El ahorro será mayor en la medida en que siga ampliándose el mercado de genéricos. Aumentar el margen de beneficio de los farmacéuticos por la venta de genéricos, como hizo recientemente el Ministerio de Economía, no era suficiente para fomentar su consumo. El sistema de precios de referencia, con todos sus defectos, es fundamental para que sobre los comprensibles intereses del mercado prime el interés general de la sanidad pública.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de julio de 2000