La Comisión Europea sólo ha aceptado parcialmente el plan español conocido como Renove II con el que el Gobierno pretendía retirar de la circulación los vehículos industriales de más de diez años, a cambio de ayudas a los propietarios. La decisión de Bruselas establece que sólo los transportistas autónomos o pequeñas empresas que adquirieron vehículos de hasta 3,5 toneladas tenían derecho a los créditos concedidos en condiciones preferenciales.Para las demás categorías, la Comisión Europea ha pedido a España que adopte todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas que se les concedieron ilegalmente, así como los intereses.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de julio de 2000