El Gobierno no empezará a negociar el nuevo sistema de financiación autonómica hasta cerrar los presupuestos. La negociación comenzará a finales de este año o principios del próximo, según dijo ayer el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, con el objetivo de que la norma esté en el Parlamento el 1 de octubre. El Gobierno quiere que el nuevo sistema incorpore un "marco estable" de financiación, en vez de un plan quinquenal como el actual. Y, si no hay acuerdo, se puede prorrogar el actual sistema que, según Hacienda, garantiza la "solidaridad" y la "suficiencia financiera" para las autonomías.
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El secretario de Estado de Hacienda destacó ayer que, de cara a la negociación del próximo sistema de financiación autonómica, "todas las opciones están abiertas", incluida la prórroga del actual modelo que, según el Gobierno, es mucho mejor que el anterior. La reforma que se discutirá después de negociar los presupuestos, advirtió Giménez-Reyna, "no es para conseguir más" dinero sino para "abundar en mayor corresponsabilidad fiscal, con más transparencia, para reforzar la solidaridad y para avanzar en una adecuada lealtad institucional". Enrique Giménez-Reyna, sin embargo, alabó el actual sistema de financiación autonómica al presentar ayer la liquidación del año 1998. Hacienda mantiene que el actual modelo, vigente hasta el 2001, garantiza la "solidaridad y la suficiencia financiera" de las comunidades autónomas que están acogidas a él: todas, a excepción del País Vasco y Navarra (que funcionan con cupo) y de las tres autonomías gobernadas por el PSOE, que no firmaron el acuerdo en 1996 y que reciben una financiación provisional calculada de acuerdo al anterior modelo.
Giménez-Reyna destacó que el aumento de recursos para las autonomías ha discriminado a favor de las que tienen menos renta; que el crecimiento de financiación, para todas, ha superado en cuatro puntos al incremento del PIB, y que esos mayores recursos acompañan a las transferencia de competencias. Hacienda destaca que con el anterior sistema los recursos de todas las autonomías crecían según su PIB nominal, lo que no permitía ni discriminar a favor de las menos ricas ni adaptar la financiación a la asunción de nuevas competencias.
Con datos, los recursos obtenidos por las comunidades autónomas por el actual sistema de financiación creció, en 1998 y por término medio, cuatro puntos más que el PIB; en pesetas, ese aumento de recursos fue de 52.850 millones.
Este aumento de recursos es el resultado, según el responsable de Hacienda, del crecimiento económico que, ya en 1998, se tradujo en un considerable aumento de la recaudación del IRPF. Así, mientras que en 1997, el IRPF sólo creció un 2,7%, es decir, por debajo del crecimiento económico, el año siguiente esa buena marcha de la economía se tradujo en creación de empleo y, por ende, en un incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta del 7,54%.
Al aumentar más los recursos ligados al IRPF, el Estado tuvo que aportar menos fondos que en 1997 en el apartado de garantías al sistema. Este elemento, según el secretario de Estado de Hacienda, actúa como un "estabilizador automático" de la financiación autonómica; esto significa que el Estado tiene que aportar menos fondos para garantizar los recursos autonómicos cuando la economía y el empleo crecen más, pero garantiza un límite mínimo -el crecimiento del PIB- cuando la situación económica no es tan boyante. Además, añade Hacienda, a medida que la comunidad autónoma asume nuevas competencias, el sistema le garantiza nuevos recursos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de julio de 2000