La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido el archivo de las denuncias que tres entidades ecologistas interpusieron en octubre del pasado año contra el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, por haber permitido la celebración de la ópera Carmen de Salvador Távora, en el transcurso de la cual se procedía a la lidia de un toro. El auto del juez concluye que el comportamiento del alcalde, al que se acusaba de prevaricación, no debe ser perseguido por la vía penal, por lo que procede al archivo de la causa. Las entidades ecologistas valorarán ahora la interposición del recurso.Las tres entidades, L'altre ciutadà, Alternativa para la Liberación Animal y Adipa, decidieron la interposición de la denuncia contra el alcalde por entender que éste había permitido la celebración del espectáculo Carmen aun a sabiendas de que en él se iba a proceder a la lidia de un toro, lo que comporta una transgresión de la Ley de Protección de los Animales del Parlament de Catalunya, que impide el maltrato de cualquier animal en el transcurso de un espectáculo e incluye un régimen específico para las corridas de toros.
El toro no llegó a morir en la plaza, aunque después del espectáculo se tuvo que optar a su sacrificio, por las heridas causadas por las banderillas y el picador. Carmen se programó durante las fiestas de Sant Magí del pasado año y se realizó pese a no disponer de los permisos correspondientes de la Generalitat, que también ha interpuesto un recurso administrativo contra el Ayuntamiento de Tarragona. El concejal de Fiestas, Carles Salas (CiU), explicó que la negativa de la Generalitat se formalizó tan sólo 24 horas antes de la celebración de la ópera, por lo que no se pudo proceder a su suspensión.
Salvador Távora, Carmen y la Cuadra de Sevilla tuvieron gran éxito de público, que llenó el coso taurino de la ciudad. Tarragona fue la única población catalana en la que se permitió a Távora realizar su obra con la participación del toro, lo que levantó gran polémica. Dos entidades ecologistas decidieron interponer la denuncia contra el alcalde ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Tarragona por prevaricación. El carácter de aforado del alcalde, como parlamentario, supuso que la causa se elevara a la sala de lo penal del TSJC, que acumuló la tercera denuncia y que ahora ha decretado que la decisión del alcalde no es punible por vía penal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de agosto de 2000