La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció ayer varios casos de inmigrantes a quienes se les abrió un expediente de expulsión cuando acudieron a oficinas de Sevilla para solicitar información sobre el proceso de regularización, que concluyó ayer. El presidente de esta organización, Rafael Lara, criticó otros "límites y deficiencias" del sistema y aseguró que el proceso está viciado de origen porque no regulariza la situación de todos los extranjeros, "ya que 100.000 inmigrantes seguirán viviendo en la clandestinidad." Asimismo, exigió al Gobierno tanto la ampliación como la modificación de los requisitos que deben presentar los extranjeros para regularizar su situación.Por otro lado, Derechos Humanos, que ayer convocó una concentración ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, calcula que al menos 100 inmigrantes han muerto en el Estrecho este año, a los que hay que sumar otros 50 que murieron al tratar de alcanzar las Canarias. Lara acusó al Gobierno de desplegar "una campaña de intoxicación permanente" para justificar la modificación de la Ley de Extranjería.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de agosto de 2000