La Diputación Permanente
La reunión de alto nivel celebrada ayer entre los representantes del Gobierno y sus interlocutores del PSOE para asuntos de la lucha antiterrorista terminó con una serie de acuerdos encaminados a reforzar su unidad y su cooperación política, institucional y también policial para enfrentarse al fenómeno incontrolado y sanguinario de ETA. Los mediadores socialistas, en este caso sólo Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba, plantearon en un desayuno de trabajo al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y al secretario general de la Presidencia del Gobierno, Francisco Javier Zarzalejos, una serie de propuestas concretas. Entre ellas, disponer "de primera mano" de mayor información sobre las operaciones policiales; mejorar y aumentar los medios de los cuerpos de seguridad, particularmente en algunos ámbitos del País Vasco; y pactar juntos unas declaraciones institucionales o algún tipo de debate urgente en el Congreso de los Diputados.
Riesgos
Los portavoces gubernamentales concedieron crédito a todas esas iniciativas y ratificaron su deseo de reafirmar lo máximo posible, y con la periodicidad constante que requieran los hechos, la unidad de acción y de mensajes ante este problema con el principal partido de la oposición.El Gobierno y el PSOE estudiaron la posibilidad de convocar urgentemente algún acto en el Congreso de los Diputados para debatir entre todos los partidos con representación parlamentaria la preocupante situación creada ante la desenfrenada cadena de atentados de ETA. Se llegó a citar la hipótesis de provocar una sesión de la Diputación Permanente, el órgano de debate previsto para los periodos vacacionales ante asuntos excepcionales.
Los socialistas entienden que con esa reunión institucional en el Congreso se forzaría que todos los partidos democráticos -nacionalistas y no nacionalistas- se pudieran sentar juntos en un mismo foro una vez que se han dado por muertos pactos como Ajuria Enea, o mesas como la de Madrid o la propuesta unilateralmente por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El Ejecutivo acepta en principio las buenas intenciones de esta propuesta, aunque no niega que tiene sus riesgos, como que el consenso que se persigue no se logre por algún desmarque de última hora del propio PNV, de Eusko Alkartasuna, del Bloque Nacionalista Galego o de Izquierda Unida. También tiene sus complejidades técnicas, porque los socialistas creen que para que tuviera mayor impacto debería fijarse en cuestión de horas.El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros miembros de su Ejecutiva, tras mantener ayer varias reuniones en la sede de Ferraz en Madrid, entablaron inmediatamente los contactos telefónicos con los portavoces de los demás partidos para lograr su aceptación cuanto antes a esta propuesta.
El Gobierno y el PSOE comentaron también la alternativa de redactar de forma conjunta una declaración de condena de las Cámaras parlamentarias. Y consensuaron que a partir de ahora intentarán rebajar el tono alarmista en sus declaraciones para moderar lo máximo posible el tratamiento que esta avalancha de atentados está recibiendo de los medios de comunicación.
En esa línea, apenas se apuntó "de refilón" el incidente provocado el pasado lunes por el presidente del Gobierno, José María Aznar, al señalar en Palma, tras visitar al Rey, que su Ejecutivo era el primero que luchaba democráticamente contra ETA. El PSOE y el Ejecutivo se han emplazado a que ese tipo de discrepancias públicas no vuelvan a producirse.
Una de las mayores preocupaciones del Gobierno y del primer partido de la oposición en estos momentos es ser capaces de encauzar sus diferencias y su intercambio de datos "con discrección". Mayor Oreja facilitó ayer algunas informaciones reservadas a sus interlocutores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de agosto de 2000