El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado a una mujer a devolver a la Diputación guipuzcoana los 2.126.494 pesetas que recibió entre 1991 y 1995 en concepto de ayuda base al Ingreso Minimo de Inserción (IMI). El Tribunal Superior entiende que la no comunicación del cambio de situación de la receptora, tal y como imponía la concesión de la ayuda, supone "falseamiento y actuación fraudulenta".-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de agosto de 2000