Aparte de las novedades sobre la función judicial y el reforzamiento del sistema disciplinario de jueces y magistrados, entre las 107 propuestas del Consejo General del Poder Judicial se aborda una cuestión siempre caliente: los procesos penales contra los políticos.El CGPJ incluye esta materia en el marco de la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de procesos penales, que actualmente corresponde a los jueces.
En coherencia con la propuesta de que los fiscales instruyan los casos penales, el Consejo plantea que la instrucción de procesos contra aforados [diputados, senadores y otros altos cargos cuyas causas penales juzga el Tribunal Supremo] se lleve a cabo "por la Fiscalía del Tribunal Supremo".
Añade que el control jurisdiccional de las garantías de los aforados deberá atribuirse a uno o varios magistrados de la Sala Penal del Supremo, que posteriormente no podrían formar parte de la sala que juzgue el caso.
Los vocales Enrique Arnaldo y Margarita Retuerto invocan la Constitución para discrepar de esta propuesta y defender que las causas contra "representantes del pueblo español" deben ser instruidas por un magistrado del Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de agosto de 2000