SOS Racismo mostró ayer su "profundo desacuerdo" con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, que decidió desviar a la vía contencioso-administrativa las denuncias interpuestas contra la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa por no dar asistencia letrada a los 46 inmigrantes que saltaron del Unity XI cerca de Pasaia. La ONG reiteró su rechazo a la actuación de la Brigada Provincial de Extranjería por vulnerar el derecho de los magrebíes y añadió una crítica contra el órgano judicial: "El Juzgado de Guardia sabía que ese derecho se estaba conculcando a 46 inmigrantes y no hizo nada para impedir el atropello". Dos abogados del turno de oficio intentaron en vano asistir a los sin papeles en el gimnasio del puerto de Pasaia antes de su repatriación, el pasado 11 de agosto. Por eso, tanto el Colegio de Abogados de Guipúzcoa como SOS Racismo se decidieron a denunciar a la Subdelegación.
Uno de los cuatro marineros marroquíes del mercante que se fugaron el jueves del puerto se presentó ayer ante las autoridades con sus documentos de identidad en regla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de agosto de 2000