La guerra de política inmigratoria entre EE UU y Cuba se ha agudizado al negar el Departamento de Estado norteamericano un visado al presidente del Parlamento cubano, Raúl Alarcón, para asistir a la conferencia de la Unión Interparlamentaria en Naciones Unidas. El miércoles, Washington había culpado a La Habana de "las muertes de cientos de ciudadanos cubanos" que, a pesar de tener visados de EE UU, se ven forzados a lanzarse en balsa al mar porque las autoridades de su país les niegan un permiso de salida. EE UU también ha negado el visado al asistente de Alarcón, Alberto González, pero se las ha concedido a dos diputados de la Asamblea Nacional de Cuba, Ramón Pez Ferro y Ada Martínez. El Departamento de Estado dijo que no tenía obligación de emitir visados al no formar la Unión Interparlamentaria parte de Naciones Unidas, y justificó su decisión en una orden de la Casa Blanca de 1985 que permite negar visados cuando se considere que "atenta a los intereses nacionales".
Sin ocultar que el rechazo del visado a Alarcón se trata de una represalia diplomática, la secretaria de Estado de EE UU, Madeleine Albright, acusó a Cuba de violar los acuerdos migratorios bilaterales y de faltar a "una decencia humana fundamental" por negar arbitrariamente los permisos de salida. A través de un largo comunicado, el Departamento de Estado informó de 117 cubanos a los que el Gobierno cubano tiene retenidos, aunque cuentan con permiso de entrada a EE UU, así como de los impedimentos de salida que impone el Gobierno cubano, entre ellos la cuota de 550 dólares (100.000 pesetas), que equivale a casi cuatro años de salario medio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de agosto de 2000