La clase política argentina lucha desde hace varias semanas por salir del escándalo en que ha caído tras la difusión de denuncias según las cuales funcionarios del Gobierno sobornaron a senadores de la oposición para asegurarse la sanción de una ley de reforma laboral, en abril pasado. En un principio, el presidente, Fernando de la Rúa, restó importancia a las versiones, pese a lo cual ordenó a sus funcionarios que se pusieran a disposición de cualquier investigación. Recientemente, en la cresta de la crisis, llegó a advertir que si algún colaborador "se ha apartado o ha transgredido la línea marcada por el Gobierno será separado sin contemplaciones y puesto a disposición de la justicia".
El jefe del Estado hizo una declaración formal en la Casa de Gobierno junto al vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, quien impulsó las investigaciones desde que comenzaron a circular las primeras versiones. Álvarez, líder del Frente País Solidario (Frepaso), la fuerza minoritaria de la Alianza gobernante, repitió en varias ocasiones que la coalición nació como una alternativa para acabar con la corrupción que se le achacaba al Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), y que ahora debía cumplir su compromiso con el electorado.
Por primera vez desde el estallido del escándalo, la prensa difundió ayer los nombres de los senadores puestos en el centro de las sospechas y, pese a que las informaciones no fueron coincidentes, varios legisladores se vieron obligados a fijar públicamente su postura. Uno de los mencionados fue Ramón Palito Ortega, del Partido Justicialista, dijo sentirse "asqueado" y aseguró que piensa en la posibilidad de abandonar su escaño en la Cámara alta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de septiembre de 2000