La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico destinará 5.400 millones de pesetas a subvencionar cursos de formación profesional ocupacional, que impartirán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC OO. Este gasto, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, permitirá realizar 1.231 cursos, en los que está prevista la participación de 18.565 alumnos. Cada una de las organizaciones percibirá 1.800 millones de pesetas de subvención de la Junta de Andalucía -procedentes de los fondos finalistas del Inem-, aunque el acuerdo se formalizará a través de convenios de colaboración. La programación de cursos de formación ocupacional, que este año atiende especialmente las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y el sector aeronáutico, está enmarcada en el acuerdo de concertación social firmado en 1999 entre la Junta, las dos organizaciones sindicales y la CEA.
Montserrat Badía, que ayer compareció por vez primera en calidad de portavoz del Gobierno andaluz tras su toma de posesión, explicó que estos cursos representan alrededor del 25% del total de actividades de formación ocupacional que se desarrollan al año en la región y que dejan patente la "importancia" que le concede la Junta a la mejora "del capital humano". Sobre su cargo, Badía dijo que confía en que sirva para acercar la institución a la sociedad.
El Consejo de Gobierno, que ayer presidió el consejero Gaspar Zarrías -el presidente Manuel Chaves se desplazó a Granada para acudir al funeral del fiscal jefe del TSJA, Luis Portero-, aprobó, además, el nombramiento de Juan Morillo como nuevo director general de Arquitectura y Vivienda. Morillo, que sustituye a Víctor Pérez Escolano, ocupaba la jefatura del servicio de vivienda desde 1998. En la reunión de ayer se autorizó también una operación de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por un importe de 4.991 millones de pesetas, que se destinarán a financiar infraestructuras.
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció que en el Consejo de la próxima semana se cerrarán las previsiones presupuestarias para 2001 con el objetivo de presentar el documento en el Parlamento el 31 de octubre. Sobre las protestas del pequeño comercio, Zarrías dijo que eran "reivindicaciones justas" en respuesta a las medidas del Gobierno estatal, que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de octubre de 2000