La Comisión Europea ha bloqueado 2.300 millones de pesetas en ayudas del Fondo Social comunitario (FSE), destinados a la formación de parados, administrados por la Generalitat de Cataluña. La causa del bloqueo es una presunción de un uso irregular de esos fondos. Los tribunales españoles investigan un posible fraude por el que en vez de destinarse el dinero a fines sociales se habría dedicado a financiar directamente a Unió Democràtica, uno de los dos partidos de la coalición que gobierna en Cataluña, o bien indirectamente, a través de algunas fundaciones que financiaban los viajes internacionales de su líder, Josep Antoni Duran i Lleida.La medida exhibe un lamentable antecedente, el supuesto fraude, también con los dineros del FSE, que sirvieron presuntamente para financiar ilegalmente a la patronal y a los sindicatos españoles. Es decir, a burócratas en vez de a desfavorecidos.
No porque se echase tierra sobre ese asunto debería repetirse ahora la misma ominosa omisión, sobre todo tratándose en este caso de un asunto -el de la financiación irregular de los partidos- que ha levantado polvareda en la historia reciente.
Si Unió -apoyada por Convergència y por el PP- hubiera accedido a formar una comisión de investigación parlamentaria limpia, en vez de limitarse a una hipócrita pseudoencuesta interna exculpatoria, a lo mejor Bruselas no habría tenido que intervenir. El caso Pallerols, el empresario andorrano que fue fotografiado entregando billetes de curso legal a individuos próximos a la cúpula de Unió, sigue su curso ante la justicia. Median acusaciones de presunta financiación ilegal al partido y de falsificación de documentos públicos.
Duran Lleida y su partido, Jordi Pujol y su coalición, han enfocado este asunto desde el principio como si el asunto no fuera con ellos. Pues va. Es una cuestión de cantidad, de una cuantía que duplica a la inicial del famoso caso Filesa, que arruinó la imagen del PSOE. Pero sobre todo, de cualidad, porque pone sobre el tapete el presunto nepotismo del Ejecutivo autonómico catalán en el asunto en que más retórica patriótica invierte. ¿Con qué vergüenza torera reivindica una mejora en sus ingresos si es incapaz de garantizar que la suma de los que ya dispone se ha utilizado correctamente?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de octubre de 2000