Ni se ha destruido un monumento, ni hay daño irreversible alguno en los vestigios arqueológicos. Lo único que ocurre es que la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto no le gusta a un sector de la opinión pública porque modifica la imagen de una rancia postal. Y la derecha, especialmente el PP al dar toda la cobertura a la cruzada de su ex diputado Juan Marco Molines, ha persistido en la vía judicial hasta conseguir que el Tribunal Supremo corrobore que no se ha destruido nada e insinúe que no le disgusta la obra (se basa en "unos supuestos plenamente defendibles en el plano artístico y académico"), pero establezca que la actuación vulnera la norma que sólo permite la "restauración" de restos arquitectónicos del pasado y no la "reconstrucción", aunque ésta eluda precisamente cualquier mimetismo ornamental enmascarador. Si esa norma se aplicara a fondo, un buen número de proyectos realizados y por realizar cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio carecerían de base legal, en una situación que debería alarmar, por su absurdidad, a los legisladores aún más que a los ciudadanos. De todas maneras, el alto tribunal le pasa la pelota de un caso que nunca debió promoverse a quien lo impulsó, que ahora ha de decidir en ejecución de sentencia hasta dónde está dispuesto a llegar. Los populares, al mando de toda la maquinaria política y administrativa, han dilapidado ya su crédito de sentido común para parapetarse a estas alturas tras unos hipotéticos informes técnicos negativos. Si quieren seguir, que lo hagan y comprobaremos cuál es el estado de las ruinas de Sagunto que consideran adecuado al "gusto" de su postal turística ideal. Si no, deben humildemente reconocer que han ido demasiado lejos y desistir. El presidente Zaplana, que tan alegremente ha celebrado el fallo porque la reforma de Portaceli y Grassi fue "una barbaridad", tiene la oportunidad de borrarla del mapa para que la historia deje constancia en el futuro de quién cometió de verdad un disparate.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de octubre de 2000