El debate abierto por la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, de publicar las listas de condenados en sentencia firme por malos tratos a mujeres, suscita más debate sobre su legalidad que acerca de su eficacia. Ésta es una de las conclusiones que se extraen del enfrentamiento argumental entre las asociaciones de mujeres y las de jueces y fiscales. Un cara a cara que muestra una distancia insalvable cuando se cuestiona la legalidad de la medida y el precedente que crearía, pero que ofrece un punto de consenso cuando se aborda la necesidad de buscar alternativas al Plan de Choque contra la Violencia Doméstica del Gobierno, que todos consideran fracasado.Jueces y fiscales coinciden en resaltar la inconstitucionalidad de la propuesta de Bono porque atenta contra la dignidad de los condenados, extiende el oprobio a sus familias, dificulta su derecho a la reinserción social y supone un castigo añadido no previsto en el Código Penal. Los representantes de la judicatura también son unánimes al destacar que no es lo mismo publicar una sentencia completa, en la que se comprueban todas las circunstancias particulares de cada caso (incluida la gravedad del delito o falta y su sanción), que publicar listas de nombres en los que se trate a todos los condenados por igual. Además, destacan que crearía un peligroso precedente para la difusión de listas similares de otro tipo de delitos.
Las asociaciones de mujeres, aunque dudan de la eficacia de las listas por sí solas, sostienen que los derechos de las víctimas deben estar siempre por encima de los de aquellos que las agreden. Su principal queja es que se eche por tierra la iniciativa de Bono sin estudiar su adecuación a a la ley ni proponer alternativas.
En lo que sí están completamente de acuerdo las asociaciones de mujeres y las de jueces es que el Plan de Choque contra la Violencia Doméstica que el Gobierno aprobó hace más de dos años ha resultado un enorme fracaso. Unas y otros afirman que el pomposo proyecto del PP no ha estado acompañado de un compromiso político serio, como lo prueba el hecho de que el plan fue concebido en los despachos, sin coordinación con las asociaciones que defienden a las víctimas, careció de fondos y, sobre todo, el dato incontestable de que el número de víctimas y de muertes no ha dejado de crecer en los últimos meses (ver gráfico).
El PP también es criticado, tanto por las mujeres como por jueces y fiscales, por haber rechazado la semana pasada la propuesta que hizo en el Congreso el PSOE de instaurar la figura de fiscales especializados en violencia doméstica. Esta medida -impulsada por el PP cuando estaba en la oposición, y que el Gobierno incluyó en el Plan de Choque- permitiría crear un registro de los casos y hacer un seguimiento de los agresores para castigar la reiteración de faltas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de octubre de 2000