España ratificó ayer ante la ONU el Estatuto de la Corte Penal Internacional, un tribunal que podrá investigar y juzgar a individuos, no a Estados, acusados de haber cometido violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. La puesta en marcha de este organismo, que tendrá una jurisdicción más amplia que el Tribunal de La Haya, se decidió en julio de 1998 en Roma y hasta ahora ha sido ratificada por 22 países. Estados Unidos es uno de los países, junto con China, Irak, Libia e India, que no ha suscrito el Tratado.Ciento veinte naciones apoyaron la creación de la Corte, y el proceso de aprobación está siendo relativamente rápido. La Corte sólo podrá empezar a funcionar cuando al menos 60 de los firmantes ratifiquen el estatuto. España es el quinto país de la Unión Europea en hacerlo, después de Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo.
La Corte Penal Internacional podrá juzgar crímenes que por su gravedad y trascendencia escapan del ámbito judicial interno de los Estados. Aunque en las negociaciones previas se discutió la posible inclusión de delitos de terrorismo y tráfico de drogas, el estatuto de la Corte se ciñe a los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y no tendrá carácter retroactivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de octubre de 2000