La plataforma vecinal de Alhaurín de la Torre, que exigía el cierre cautelar de las siete canteras del municipio mientras se resuelve el contencioso que deberá dirimir si son legales o ilegales, ha sufrido un revés. Un juzgado de Málaga ha desestimado la pretensión de los vecinos porque entiende que en el tiempo que tarde en resolverse el pleito no se van a producir "efectos irremediables". La plataforma exige la clausura por los efectos nocivos para la salud, el impacto medioambiental, la situación irregular de las licencias y los destrozos que causan los 3.000 camiones diarios que circulan por el pueblo. Sus miembros sostienen que los daños en las calles cuestan cinco veces más que los 30 millones que perciben las arcas municipales por las explotaciones. "No hay ninguna razón de interés público que justifique la permanencia de las canteras junto a la población", protestó el portavoz de la plataforma, Juan Piña, quien acusó además a la Junta y al Ayuntamiento de ser "cómplices" al tolerar una actividad "ilegal".
El alcalde, el popular Joaquín Vilanova, responde que el asunto está en manos de la justicia, que dará o quitará razón. Y recuerda que, hasta ahora, los vecinos han perdido todos los frentes judiciales. Ni la Delegación de Salud ni la de Medio Ambiente de la Junta han detectado anomalías en torno a las canteras. El alcalde reconoce que los camiones molestan y que hay polvo en suspensión, pero asegura que dentro de niveles permitidos. "No todos estamos contentos con las canteras, pero cerrarlas costaría 30.000 millones", añade.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de octubre de 2000