Jiménez Villarejo se convirtió ayer en un aliado de Bruselas al pedir más colaboración a abogados y otros profesionales independientes del ámbito jurídico. Para el fiscal anticorrupción, los profesionales que operen en territorio español debieran suministrar a la administración tributaria la identidad de los clientes que hayan constituido, mediante su intervención o mediación, entidades domiciliadas en paraísos fiscales o hayan abierto cuentas allí. "Si se le exije esto a los notarios, porque no reclamar la misma conducta de los abogados", dijo Jiménez Villarejo.
El fiscal jefe se alineó con la directiva que están preparando los ministro de Economía y Finanzas de la UE. Según la propuesta comunitaria, el secreto profesional que ampara al abogado en el ejercicio de su profesión quedaría excluído de sus tareas de asesoría legal y se limitaría al estricto derecho de defensa en los procedimientos judiciales.
La iniciativa de los ministros de los Quince ha hecho saltar de la silla a más de un abogado porque los convertiría en delatores de los clientes que sepan o sospechen que están implicados en operaciones de blanqueo de dinero o transacciones ficticias de capitales. Al día siguiente de conocerse la propuesta comunitaria, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, y el presidente del Consejo General de Abogacía, Eugenio Gay, afirmaron que los abogados estarían dispuestos a declararse en rebeldía civil si prosperara la directiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de noviembre de 2000