El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó ayer que uno de los principales problemas del mercado laboral español es la falta de estabilidad en el empleo. En una intervención en el Club Siglo XXI, el dirigente sindical aseguró que la elevada precariedad que afecta al 32% de los asalariados "no obedece a las necesidades del tejido productivo sino a una utilización indebida y excesiva" por parte de las empresas de los contratos temporales.En su criterio, ese uso excesivo no sólo tiene efectos negativos sobre los trabajadores. También "está probada su fuerte incidencia sobre la siniestralidad laboral" y, además, "disminuye la eficacia de las empresas y afecta al gasto público, y nuestro país ya tiene experiencia de las tremendas consecuencias de la alta precariedad en caso de recesión económica".
Tras esos argumentos, Méndez expuso las demandas que su sindicato de común acuerdo con CC OO debate con la patronal, y que se centran en eliminar las ventajas de costes laborales que implican los contratos temporales y que él califica de "una práctica de competencia desleal".
Respecto a la mesa de diálogo para renovar el Pacto de Toledo sobre pensiones, el dirigente de UGT afirmó que una de las prioridades, junto a la separación total de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, es modificar la regulación de las jubilaciones anticipadas (entre los 60 y los 65 años de edad). Según Méndez, el actual sistema es "muy perjudicial para el trabajador, que sufre una penalización injusta aun acreditando largo tiempo de cotización".
Además de defender que se corrija esa penalización, añadió que, en contra de una creencia muy difundida, las jubilaciones anticipadas no suponen pérdidas para la Seguridad Social, por lo que considera necesario generalizar el derecho para todos los trabajadores (ahora está limitado a quienes empezaron a cotizar antes del año 1967) y vincular los coeficientes de cálculo de sus pensiones a los años cotizados. Sobre las prejubilaciones (anteriores a los 60 años), Méndez dijo que hay que evitar lo que en realidad supone una expulsión anticipada del mercado laboral de trabajadores de edad avanzada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de noviembre de 2000