En los últimos tres años, el Gobierno ha impuesto a los funcionarios de la Administración pública una pérdida continua de poder adquisitivo para cuadrar los Presupuestos y asegurar primero el cumplimiento de los compromisos de Maastricht para entrar en el euro y luego el déficit cero previsto en el Presupuesto del año 2001. Es verdad que esa pérdida de poder adquisitivo es probablemente menor de lo que los sindicatos denuncian, debido a las compensaciones, retribuciones extraordinarias y deslizamientos varios de la masa salarial; pero también lo es que los funcionarios parecen los únicos a los que el Gobierno puede repercutir ahora el encarecimiento de los precios del crudo, mientras muchos asalariados del sector privado disponen de cláusulas de revisión en sus convenios para amortiguar los efectos de la inflación.La manifestación de los delegados de la función pública que se desarrolló ayer -con cifras controvertidas, como casi siempre: 6.000 personas, según los sindicatos, y 4.000 para la policía- y la huelga de funcionarios prevista para los días 14 y 15 de diciembre parecen indicar que en esta ocasión los empleados públicos no parecen dispuestos a aceptar la subida que les propone el Gobierno.
El fondo de la cuestión es si se puede mantener la retribución de los funcionarios anclada a una previsión de inflación tan ficticia como el 2% que esgrime el Ministerio de Economía basándose en el argumento de que es el objetivo impuesto por el BCE, cuando en realidad es el tope máximo de inflación media deseable en el área de la Unión Monetaria. Este pretexto coloca a los funcionarios en situación de agravio comparativo frente a los pensionistas y al sector privado, aunque a cambio gozan de un privilegio de estabilidad en el empleo. La falta de credibilidad de las previsiones oficiales en materia de inflación legitima en todo caso una protesta a la que el Gobierno debería responder sentándose a negociar una revisión salarial más acorde con la realidad. Con la evidente contrapartida de que éste es un momento idóneo para exigir que a cambio aumente la productividad de la función pública y la calidad del trabajo de algunos de sus servidores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de noviembre de 2000