La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha notificado a la Diputación de Vizcaya su decisión de incluir en el expediente general contra los incentivos fiscales vascos las llamadas vacaciones fiscales de 1993, según confirmó ayer el diputado vizcaíno de Hacienda, Javier Urizarbarrena.La ampliación de la investigación a estas ayudas a la inversión - fueron sustituidas en 1995 por otras que, a su vez, fueron suprimidas con la paz fiscal firmada a principios de año por el Gobierno central y las haciendas vascas- es consecuencia de la denuncia de una empresa alavesa que protestó ante Bruselas por los beneficios fiscales concedidos a una empresa competidora instalada en el polígono industrial de Lantarón.
Aunque todas las normas fiscales sometidas a investigación han quedado derogadas, Bruselas mantiene el expediente por entender que siguen teniendo efectos para las empresas beneficiarias, y quiere conocer cúales son éstas y qué cantidades han recibido. En el caso de que la Comisión decidiera, como se espera, que estas ayudas son contrarias a la competencia, podría exigir la recuperación de las ayudas otorgadas. Urizarbarrena se lamentó que ayudas similares de otros países no sean investigadas y anunció que se recurrirá al Tribunal de Estrasburgo si el expediente es adverso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de noviembre de 2000