Amena volvió a insistir ayer en la ilegalidad de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico que impuso el Gobierno para compensar los bajos ingresos obtenidos en el concurso de telefonía móvil de tercera generación UMTS. Pero esta vez, lo hizo su presidente, Luis Alberto Salazar-Simpson, que dijo no estar "nada conforme" con esos cambios, que suponen unos pagos de 160.000 millones de pesetas anuales (140.000 para las operadoras). Según Salazar-Simpson, la tasa varía de forma sustancial las condiciones del concurso de UMTS y exige que se revise por las repercusiones que puede suponer.
La teoría de Salazar-Simpson, que preside también el grupo Auna en el que se integran Amena y Retevisión, se basa en que la tasa vulnera el principio de equilibrio económico que rige cualquier concesión administrativa, la cual establece que los criterios básicos de la adjudicación son casi sagrados mientras dure la concesión. Amena no está dispuesta a que los cambios se produzcan sólo en perjuicio de las operadoras. La única forma de resarcimiento, a su juicio, consiste en modificar también el resto de condiciones -entre ellas el compromiso de inversión de las compañías- del concurso de telefonía móvil multimedia (UMTS).El presidente de Amena recogió el malestar que existe entre las operadoras por los cambios introducidos por el Gobierno tras el verano, y que han anunciado que van a recurrir judicialmente contra la instauración de la tasa. Salazar-Simpson, que participó en una mesa redonda en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, fue al grano a la hora de criticar el canon que su compañía -junto a Telefónica Móviles, Airtel y Xfera- tendrá que pagar por el uso del espacio radioeléctrico: "Han convertido el concurso en una subasta y, para hacerlo, ponen un canon, que es ilegal, injusto e incoherente". El Gobierno recaudará en los próximos 20 años 3,2 billones por el uso del espacio radioeléctrico.
El anuncio de concesión de dos nuevas licencias de móvil GMS, anunciada hace dos semanas, tampoco se salvó de la quema. Para él, más operadores no traerán más competencia. Pero esa misma política puede comprometer los beneficios de las empresas, que no pueden cambiar sus planes de negocio "a golpe de regulador". Las operadoras creen que la apertura del mercado a nuevos agentes perjudicará sus cuentas de resultados y sus inversiones futuras. Los adjudicatarios de UMTS se han comprometido a invertir 3,5 billones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de noviembre de 2000