La misteriosa muerte del primer ministro portugués, Francisco Sá Carneiro, y su ministro de Defensa, Adelino Amaro da Costa, hace ahora 20 años, provocó ayer una insólita crisis política en el Gobierno socialista de António Guterres. A mediodía, el ministro de Justicia, António Costa, presentó su dimisión por las críticas vertidas por el abogado de las familias de los fallecidos y el secretario de Estado de Hacienda, Ricardo Sá Fernandes, quien denunció la falta de voluntad de la Administración de justicia y los diferentes Gobiernos en el esclarecimiento del caso.A media tarde, Sá Fernandes anunció su abandono del cargo por las "miserables" críticas de quienes insinuaron que había cuestionado "la separación de poderes" en un sistema democrático.
El primer ministro, António Guterres, aceptó la dimisión del secretario de Estado, que sostiene la tesis del atentado, y rechazó la del ministro de Justicia. A última hora de ayer, Guterres convenció al ministro para que permaneciera. Sá Fernandes declaró que la muerte de Sá Carneiro y su ministro de Defensa fue "un crimen de Estado, un terrible atentado que contó con la complicidad de la Administración de justicia y la responsabilidad de los diferentes Gobiernos a lo largo de estos años".
A su juicio, el denominado caso Camarate, un proceso sin juzgar, plagado de irregularidades y desapariciones de pruebas, "es una vergüenza para la democracia en Portugal, que desprestigia a la Administración de justicia, así como a las autoridades políticas durante estos 20 años".
Por su parte, el ministro de Justicia considera que las acusaciones de Sá Fernandes constituyen "una ofensa intolerable al honor del Partido Socialista y del Gobierno".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de diciembre de 2000