Con la nueva Ley de Extranjería, las compañías de transporte terrestre internacional tendrán una nueva y curiosa obligación. La tarea consistirá en comprobar la validez y vigencia de los pasaportes, visados, documentos de identidad y títulos de viaje de los extranjeros que quieran utilizar sus servicios.
De esta forma resultará que el conductor de un autocar tendrá que especializarse en distinguir cientos de documentos diferentes y averiguar, a simple vista, si son auténticos o no.
¿No es ésta una función propia de la policía? ¿El Estado les compensará por hacerlo? ¿Qué opinión tienen sobre la medida las empresas del sector? ¿Se le podrá considerar al conductor funcionario público o autoridad en algún momento? ¿Cómo se formará adecuadamente a estos empleados?
Y en caso de que se equivoquen, ¿qué responsabilidad tendrá la compañía de transportes que estime erróneamente como no válidos los documentos?-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de enero de 2001