La pequeña pedanía de Lanzá (A Coruña) se ha levantado contra la decisión de la Xunta de depositar en una mina a cielo abierto los cadáveres de 300 vacas muertas. Los vecinos, con el apoyo de la Federación de Empresarios de Productores de Lácteos y de los ecologistas, han cortado los accesos a la explotación minera -'el camino está lleno de gusanos y de sangre', describía ayer un vecino- y han denunciado ante la Guardia Civil una medida que consideran ilegal y peligrosa para la salud, ya que, a su juicio, la normativa europea obliga a incinerar todas las reses muertas en zonas donde se ha declarado el mal de las vacas locas. La Xunta sostiene que el método empleado es conforme a la ley y libre de riesgos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de enero de 2001