La aplicación de la ley del menor, fundamentalmente la revisión y adaptación de condenas de los jóvenes entre 16 y 18 años a nueva norma, se realizará de forma 'progresiva', según señalaron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social. Para la franja de edad de los jóvenes que se tienen entre 18 y 21 años, a los que también afecta la ley, el Gobierno central ha establecido una moratoria de dos años, ante la falta de recursos de las comunidades autónomas. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entra en vigor el próximo 13 de enero, obliga a la construcción de nuevos centros de reforma y la incorporación de más recursos humanos y técnicos a juzgados y fiscalías de menores, ya que cede a las comunidades autónomas la garantía de asistencia y la construcción de nuevos centros para los jóvenes que cometan delitos o infracciones entre los 14 y los 21 años. El objetivo de la norma es aplicar un sistema de reforma a los internos en centros penitenciarios por delitos cometidos con menos de 21 años.
Desde la Consejería de Bienestar Social, que dirige Rafael Blasco, se apuntó ayer que en breve se comenzará por parte de las distintas fiscalías de menores la revisión de sentencias de los aproximados 60 jóvenes entre 16 y 18 años internos en Picassent y Fontcalent que podrían verse afectados por la ley. Los efectos de las revisiones pueden ir desde el destino a centros de reeducación, régimen abierto o internamiento, tanto de la Generalitat como residencias homologadas para la tutela de menores, según apuntó ayer Bienestar Social. Las mismas fuentes señalaron que no habrá ningún problema de plazas para acoger a los jóvenes en los centros dependientes de la Consejería o en aquellos vinculados a la Administración valenciana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de enero de 2001