El Gobierno de José María Aznar sufrió ayer un varapalo por parte del Tribunal Supremo al ser rechazado parcialmente el real decreto por el que indultaba al ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño. En dicho decreto, el Gobierno ordenaba que se le reintegrara de inmediato a la carrera judicial. Según la decisión tomada ayer por la Sala General, esa medida de gracia decidida por el Gobierno es ilegal.
El Ejecutivo esperará, según el Ministerio de Justicia, a conocer íntegramente el contenido de la resolución antes de pronunciarse, pero anticipó que se dispone a defender sus competencias. Esto es, a plantear un posible conflicto de jurisdicción ante un tribunal colegiado integrado por magistrados del Supremo y consejeros de Estado. El PSOE exigió ayer al Gobierno que asuma sus responsabilidades políticas por este intento de vulnerar la ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de enero de 2001