El Gobierno estudia recurrir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para dirimir el conflicto creado tras la decisión de la Sala Segunda del Supremo de rechazar el reingreso a la judicatura de Javier Gómez de Liaño. Se trata de un órgano colegiado de magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y de consejeros permanentes de Estado, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado.
La ley orgánica del Poder Judicial establece la composición de este tribunal colegiado, que se renueva actualmente y que este año está formado por los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo Rodolfo Soto Vázquez y Pedro Antonio Mateos. Por parte del Consejo de Estado forman el tribunal José Luis Manzanares Samaniego, ex magistrado de la Sala Penal del Supremo y ex vicepresidente del Poder Judicial; Miguel Vizcaíno y Antonio Pérez Tenessa.
Por su parte, el ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño declaró ayer a varias emisoras de radio que después de la decisión del Tribunal Supremo de oponerse a la aplicación de su indulto le 'cuesta mucho creer que ésta no sea una historia de resentimientos, venganzas y otras pasiones'.
Javier Gómez de Liaño comentó en sus declaraciones que la Sala ha ejercido 'una atribución indebida de competencias' ya que, según él, es a la Sala de lo Contencioso a la que corresponde la revisión de un acto administrativo emanado del Consejo de Ministros. Esta misma tesis fue propuesta por el presidente de la Sala, Luis Román Puerta, y fue rechazada incluso por dos de los magistrados que luego votaron a favor del reingreso de Liaño en la carrera.
Liaño, que en 1990 fue designado vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, calificó de 'injuria de muy mal gusto' acusarle en estos momentos a él o al Partido Popualr de que el indulto se concedió para 'pagar favores'. 'Es un pecado de necedad que sólo la misericordia de algunos podrá perdonar', agregó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de enero de 2001