El director de la empresa de transportes Tragsa, José Antonio Deniz, aseguró ayer ante una juez que fue el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castor Gago, quien le dio orden de abrir un vertedero ilegal de vacas muertas en una mina abandonada de Mesía (A Coruña). Deniz, que compareció como testigo en un juzgado de Ordes (A Coruña), admitió que el depósito de cadáveres se inició sin ningún informe técnico sobre los posibles riesgos medioambientales, y que los camiones de transporte incumplían las medidas de seguridad, según fuentes de la acusación particular.
El juzgado de instrucción de Ordes comenzó ayer a tomar declaraciones tras la denuncia de los vecinos de Mesía y el sindicato Unións Agrarias, que sostienen que la inhumación de vacas muertas, constituye un delito contra el medio ambiente castigado con hasta cuatro años de prisión. En Mesía se depositaron 282 reses, además de 53 toneladas de harinas cárnicas resultantes de la incineración de animales, según un informe de la Guardia Civil.
Además de Deniz, comparecieron como testigos el alcalde de Mesía y el responsable de la empresa concesionaria de la explotación minera y, en calidad de imputado, el director general de Producción Agropecuaria de la Xunta, Antonio Crespo.
Para sorpresa de los acusadores, también se presentó a parte de los interrogatorios el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Ramón García -Malvar.
Antes de declarar, Crespo entregó una carta del consejero de Agricultura, su jefe inmediato, en la que éste se responsabiliza de las decisiones de su departamento sobre el traslado de reses a Mesía. Crespo, según las acusaciones, confirmó que la Xunta había decidido depositar las vacas después de que la única incineradora de la comunidad sufriese una avería y se acumulasen las reses muertas por causas naturales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de enero de 2001