El secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Rafael Simancas, visitó ayer Collado Villalba (45.000 habitantes) para ofrecer su apoyo a las reivindicaciones de la localidad; entre ellas, la conexión entre los dos núcleos urbanos, separados por la A-6, y la mejora de las infraestructuras sanitarias.
El líder socialista madrileño aprovechó la ocasión para calificar de fracaso para Madrid la reunión que mantuvieron el pasado lunes en Murcia el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y los presidentes de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia, y en la que se fijó el trazado definitivo de la línea de alta velocidad que unirá Madrid con la Comunidad Valenciana y Murcia.
Según Simancas, los intereses de los madrileños han recibido, a través de Ruiz-Gallardón, 'una bofetada' de Fomento, ya que el presidente regional no ha logrado los dos objetivos que se propuso respecto al trazado del AVE: dar prioridad a las obras que tuvieran relación con Madrid -'en el acuerdo no se dan fechas de cuándo entrará en funcionamiento el tramo ni hay concreción en aspectos presupuestarios', dice Siman-cas- y salvaguardar una zona de especial protección en Aranjuez.
También Ecologistas en Acción afirma que la alternativa consensuada entre Fomento y las comunidades autónomas es la de mayor impacto ambiental, por lo que no descartan recurrir a la vía legal. Según la asociación ecologista, la alternativa elegida es la que contempla un mayor trazado de nueva construcción: incluye el paso por espacios protegidos, como las hoces del Cabriel, y se verán afectados, además de la ZEPA (zona de especial protección para las aves) de Aranjuez, la LIC (lugar de interés comunitario) de los Yesares del Tajo, la serranía conquense, los llanos de Albacete y las serranías y huertas levantinas.
Fuentes de la Comunidad replican que el Gobierno regional está satisfecho con el trazado elegido, ya que cumple las tres exigencias con las que Ruiz-Gallardón acudió a la cita: que el trayecto Madrid-Valencia durase menos de dos horas, que la financiación corriera íntegramente a cargo del Estado y que se minimizara el impacto ambiental en el área afectada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de enero de 2001