El Ministerio de Trabajo reclama a la Consejería de Educación valenciana una deuda acumulada por cuotas impagadas a la Seguridad Social que superan los 231 millones de pesetas. Los expedientes y su correspondientes 'actas de liquidación' -que fueron remitidas el 29 de diciembre a la administración educativa para que pague en un plazo de 10 días hábiles- afectan a la contratación irregular de 1.393 monitores, educadores y becarios de comedores que prestaron servicios en diversos colegios públicos de la provincia de Valencia entre 1998 y 2000 sin que exista registro de las altas en la Seguridad Social.
Los expedientes de los inspectores de Trabajo son exhaustivos y claros a la hora de calificar de 'totalmente infructuosas' las múltiples reuniones sostenidas con el responsable de la Dirección General de Personal, 'a fin de que procediera a regularizar el alta y la cotización de los trabajadores'.
Para la federación de enseñanza de FETE-UGT en la Comunidad Valenciana, que tramitó las denuncias individuales de los trabajadores afectados e instó a la Inspección de Trabajo a abrir una investigación del caso, 'se trata de una situación completamente irregular, que no tiene equivalente en ninguna otra autonomía'. Lo más grave, a juicio del secretario general de esta federación, Gonzalo Castillo, es que 'una empresa pública, como es la Generalitat valenciana, incumpla la legislación pública'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de enero de 2001