La Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha propuesto que la Fiscalía Anticorrupción investigue una denuncia del sindiato agrario catalán Unió de Pagesos contra la gestión de la peste porcina clásica de 1997 por el entonces consejero de Agricultura del Gobierno catalán, Xavier Marimón, según informó ayer el diario La Vanguardia. La decisión depende ahora del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
La denuncia sostiene que Marimón, actualmente senador por Convergència i Unió (CiU), habría autorizado el pago a algunas empresas de indemnizaciones superiores a las establecidas por el sacrificio de cerdos para erradicar la peste. También sostiene que el consejero habría demorado unos dos meses la declaración oficial de la peste, que afectó a más de 1.200 explotaciones, principalmente en la provincia de Lleida, con lo que se habría favorecido a algunas empresas frente a otras. Por todo ello, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña realizó unas investigaciones en las que descubrió indicios de sendos posibles delitos de malversación de fondos y prevaricación.
Marimón niega la acusación
Marimón rechazó ayer estas acusaciones. En una entrevista emitida por la cadena SER, el senador afirmó que las denuncias 'no tienen base' y que está 'absolutamente tranquilo'. Explicó que el proceso estaba controlado por el Ministerio de Agricultura y por la Unión Europea. Cuando se detectaba un foco se procedía al 'vaciado sanitario' de las granjas en tres kilómetros a la redonda 'y se vaciaban absolutamente los cerdos a todas y a todas se les pagaba absolutamente igual'.
Contra la acusación de demora en la declaración de la peste porcina, Marimón afirmó que quienes la formulan 'no saben como funcionan las cosas'. Se trata, dijo, de 'una decisión técnico-sanitaria en la que el consejero no interviene. Tiene conocimiento de ella, pero no interviene. Cuando se produjo el problema de la peste se hicieron las analíticas en las granjas sospechosas y cuando se demostró un caso se declaró la peste'.
Tras las investigaciones, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consultó con la Fiscalía del Tribunal Supremo la imputación de Marimón, que tiene la condición de aforado, como presunto autor de unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación. La Fiscalía del Supremo dictaminó que el fiscal Anticorrupción debía ampliar las indagaciones.
Si las nuevas investigaciones ratifican los indicios de presuntos delitos o aportan otros nuevos las deligencias deberían volver al Tribunal Supremo para que este ejerza las acciones penales correspondientes, que pueden consistir en la presentación de una querella o una denuncia ante la Sala Segunda del propio Tribunal Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de enero de 2001