La Audiencia de Valencia ha confirmado la pena de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como la imposibilidad de obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo para Carlos E. A., objetor de conciencia. Al joven se le notificó el 25 de junio de 1998 que tenía que incorporarse como objetor de conciencia en la Confederación Hidrográfica del Júcar, en Beniparell. Ante la negativa de éste a realizar la prestación social en dicho centro se le adscribió a la Cruz Roja de Alberic, lugar al que finalmente se incorporó el 28 de enero de 1999 y al que dejó de asistir sin causa justificada al día siguiente.
La defensa del joven alegó que éste no se negó en ningún momento a someterse a la prestación social sustitutoria y que intentó cumplir con su obligación intentando no perjudicar económicamente a su familia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de enero de 2001