La nueva Ley de Extranjería comienza a desvelar, incluso antes de entrar en vigor (lo hará el próximo día 23), el espíritu cicatero y receloso que animó a quienes la inspiraron. La política migratoria del Gobierno dispone ya del marco legal adecuado a sus propósitos. Se ha visto en la insólita invitación hecha a los miles de trabajadores ecuatorianos sin papeles que laboran en los campos de Murcia para que vuelvan a su país en busca de visado, después de que el Gobierno modificara hace cinco meses el convenio de doble nacionalidad existente entre España y Ecuador con el propósito de dificultar aún más su regularización. Y se está viendo en el intento de convertir el Foro de la Inmigración en una instancia eminentemente gubernamental.
Pero ese espíritu que inspira la ley y que el Gobierno se ha dado prisa en trasladar a su política migratoria se refleja sobre todo en la disparatada petición que el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, ha hecho a los ayuntamientos para que se niegen a empadronar a los inmigrantes sin papeles. El Gobierno no sólo ha despojado por ley a estos inmigrantes de derechos inherentes a la persona -asociación, manifestación, sindicación y huelga-, sino que, a tenor de la propuesta de Fernández-Miranda, está empeñado en hacerles la vida imposible, colocarles en una situación de ilegalidad irreversible y vedarles incluso la esperanza que abre la propia ley de conseguir su regularización a los cinco años de permanencia en España. Se trata de evitar a todo trance que en el futuro puedan exhibir el empadronamiento como prueba.
Son las leyes en exceso restrictivas, que no tienen debidamente en cuenta la oferta social y económica de mano de obra, las que favorecen bolsas de inmigración irregular como las de Murcia o El Ejido. Propuestas como la de Fernández-Miranda no harán sino engordarlas en el futuro si el Gobierno es incapaz de fijar los contingentes o cupos anuales de inmigrantes necesarios para la economía mediante convenios bilatarales con los países de origen Si la prueba exigida al inmigrante irregular para obtener el permiso de residencia a los cinco años de estancia en España es estar empadronado, ¿cómo va a conseguirla si se le cercena esa posibilidad? Pero negarles el empadronamiento es dejarles también sin cédula de asistencia sanitaria y sin educación para sus hijos, derechos que les reconoce, a pesar de todo, la nueva Ley de Extranjería. A esto hay que añadir que la ley que regula la elaboración del censo obliga a los agentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) a registrar la presencia de todas las personas que habitan la vivienda, al margen de cuál sea su estatuto de residencia. ¿Está dispuesto el Gobierno a violar cualquier norma para imponer una política migratoria consistente en eliminar toda huella burocrática de los inmigrantes irregulares?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de enero de 2001