En la Universidad de Cádiz (UCA) es 'práctica habitual' modificar los plazos de las convocatorias públicas de puestos de trabajo, según declaró ante el juez el gerente de la Universidad de Cádiz, José Ramón Repeto Gutiérrez. Dos informes jurídicos de esta Universidad convienen que esta forma de proceder 'no se ajusta a derecho'.
Repeto acudió al juzgado, el pasado 12 de enero, en calidad de imputado como supuesto autor de sendos delitos de prevaricación y falsificación de documento público por modificar 'irregularmente', según la querellante, el plazo de la convocatoria a una plaza de titulado superior de Medicina del Trabajo.
En su declaración en el Juzgado de Instrucción número 9 de Cádiz, Repeto Gutiérrez reconoció que prorrogó la fecha de la convocatoria sin consultar con el rector porque era 'una cuestión de trámite'. Tampoco lo hizo con el comité de empresa, con el que negoció las bases de la convocatoria, ni con el gabinete jurídico de la UCA.
Según declaró, lo hizo 'por el temor de que la plaza pudiera quedar desierta', pese a que había una candidata que entregó la memoria en el plazo establecido. Dos informes posteriores, a cargo del gabinete jurídico de la UCA y del catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Jerez, José Ignacio Morillo-Velarde, dictaminaron que la ampliación temporal de la convocatoria 'no se ajusta a derecho'.
El gerente justificó su decisión: 'Han existido casos en los que, por mí o por el rector, se ha adoptado resolución de este tipo'. Esta declaración se contradice con la que efectuó, el miércoles 17, el rector de la UCA, Guillermo Martínez Massanet, en calidad de testigo. Afirmó que no le consta, bajo su mandato, 'ningún precedente de modificación de requisitos de la convocatoria inicialmente aprobada'.
Ante estas declaraciones, el juez ha requerido al imputado copias de todos aquellos casos en los que se hayan prorrogado los plazos de convocatorias 'o supuestos análogos'. Repeto Gutiérrez sostuvo ayer, a preguntas de este medio, que hubo casos similares de concursos internos y adjudicaciones de obras, para los que no solicitó informes jurídicos. 'Probablemente, algunos de estos cambios fueran incorrectos a tenor de los dictámenes jurídicos que hemos conocido ahora', dijo.
El jefe de personal de la Universidad, Armando Moreno, sostuvo ante el juez que la ampliación de la convocatoria 'era conforme a derecho'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2001