Haber transgredido el acuerdo que el Gobierno del PSOE firmó con los sindicatos tendrá un coste elevado para las arcas públicas. Según las primeras estimaciones del PSOE y de CC OO, la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional supondrá medio billón de pesetas.
En ella se exige que se aplique a los funcionarios una subida igual al IPC previsto para 1997 (el 2,6%). Ese aumento afecta a la masa salarial de los dos millones de empleados públicos de la Administración del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que se elevó en 1997 a 8,9 billones de pesetas. Los atrasos del alza del 2,6% suponen 231.400 millones de pesetas, que luego deben ser consolidados en la nómina del año siguiente. Eso tiene un efecto de arrastre en los ejercicios posteriores hasta la actualidad.
Tras la congelación salarial de 1997, en años posteriores se les ha aplicado una subida igual a la inflación prevista. En 1998, la subida fue del 2,1%; en 1999, del 1,8%; en 2000 del 2% y en 2001, del 2%. Este último año, los sindicatos protestaron con una huelga el pasado 14 de diciembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2001